Suspenden proceso a autores de fallida alerta de tsunami en 2010 en Chile

8 de marzo de 2016
Suspenden proceso a autores de fallida alerta de tsunami en 2010 en Chile

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- Los seis exfuncionarios considerados responsables de una fallida alerta de tsunami tras el terremoto de 8,8 grados que devastó seis regiones de Chile el 27 de febrero de 2010, aceptaron los requisitos de la Fiscalía para suspender el proceso en su contra, informaron fuentes judiciales.

Patricio Rosende Lynch, subsecretario del Interior en el anterior Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), deberá pagar 80 millones de pesos chilenos (unos 117.640 dólares), mientras que Carmen Fernández, la entonces directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), deberá abonar 40 millones de pesos (unos 58.823 dólares).

Por su parte, el exjefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, deberá desembolsar 5 millones de pesos (unos 7.352 dólares).

Los marinos acusados, en tanto, también aceptaron pagar una compensación económica a cambio de una salida alternativa al juicio oral.

Así, el exdirector del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina deberán desembolsar 40 millones de pesos cada uno (unos 58.823 dólares).

Parte del dinero se destinará a la realización de un seminario que aborde un Plan de Emergencia y un Sistema de Protección Civil que permita evitar la tragedia ocurrida en 2010 que dejó 156 personas fallecidas.

El acuerdo fue zanjado hoy entre el fiscal regional José Luis Pérez Calaf y las defensas de los acusados y será expuesto el próximo lunes 14 de marzo, cuando se realice la audiencia programada, en primera instancia, para preparar el juicio oral.

De esta manera, el exjefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti, será el único condenado en la causa tras aceptar el año pasado -en un procedimiento abreviado- los cargos por cuasidelito de homicidio en relación a 74 personas que le imputó el Ministerio Público, siendo sentenciado a 541 días de pena remitida.

La actuación de los exfuncionarios fue, según la Fiscalía, la causa de que no se diera de forma oportuna la alerta de tsunami y que incluso en algún momento se descartara esa posibilidad, lo que finalmente fue un factor determinante en la pérdida de vidas humanas.

En ese contexto, la Fiscalía los imputó como autores de homicidio involuntario con resultado múltiple en las localidades costeras de San Antonio, Constitución, Talcahuano, Tomé, Arauco y en el archipiélago de Juan Fernandez, situado a 600 kilómetros de la costa, en el Océano Pacífico.