Solicitan a Supremo salvadoreño que cite a Congreso por ley de reconciliación

3 de marzo de 2020
Solicitan a Supremo salvadoreño que cite a Congreso por ley de reconciliación

San Salvador, 3 mar (EFE).- Un grupo de organizaciones de derechos humanos pidieron este lunes a la Corte Suprema de Justicia (CJS) de El Salvador que convoque a la Asamblea Legislativa a una audiencia de seguimiento para analizar si la ley de reconciliación, aprobada la semana pasada, cumple con una sentencia emitida por el Supremo en 2016.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano legislativo crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Sin embargo, el Congreso aprobó el pasado 25 de febrero una polémica ley de reconciliación nacional que ha sido rechazada por las víctimas del conflicto armando, por oenegés que las apoyan y por organismos internacionales, y a la que catalogaron como una “amnistía disfrazada”.
Dicha ley ya fue vetada por el presidente Nayib Bukele y regresa a la Asamblea Legislativa para una nueva votación para superar el veto.
Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), señaló a la prensa que, a juicio de las organizaciones de derechos humanos, “no se ha cumplido con los parámetros establecidos en la sentencia (de la CSJ)” e indicó que ” simplemente se cumplió con el tiempo de la segunda prorroga que otorgó la Sala de lo Constitucional”.
“El proceso de formación de ley es incompleto y dado que se ha vetado hay un proceso abierto (…) es, a nuestro juicio, la Sala de los Constitucional la que debe de establecer los criterios constitucionales de si esa ley cumple con los paramentos establecidos en la sentencia”, dijo a periodistas Baños.
El abogado apuntó que es la Sala de lo Constitucional la que “debe de desentrampar este limbo en el que estamos, ¿cómo?, convocando a las entidades obligadas para que rindan cuenta y se sepa qué se ha cumplido de los paramentos establecidos en la sentencia”.
Baños junto a otros representantes de organizaciones de derechos humanos presentaron este día un carta en la sede de la Corte Suprema de Justicia en el que solicitan que se convoque al Congreso tras la aprobación de la ley de amnistía.
La ley de reconciliación no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.
La anulación de la ley de amnistía permitió la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).
Entre 1980 y 1992, la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto bélico que dejó en 12 años unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos. EFE
sa/lnm
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