Sala Constitucional costarricense ampara a Navas por espionaje policial

7 de abril de 2016
Sala Constitucional costarricense ampara a Navas por espionaje policial

San José, 7 abr (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica declaró hoy un recurso de amparo a favor del portero titular del Real Madrid, Keylor Navas, a raíz de las indagaciones irregulares de su vida privada promovidas en 2014 por el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Fiscal General de la República.

Con la resolución, la Sala Constitucional ordena al director del OIJ de “disponer lo necesario para que no se repitan los hechos que sirvieron de mérito para esta declaratoria”.

Navas interpuso el recurso de amparo ya que sin existir una denuncia penal u orden judicial, su vida privada fue espiada por funcionarios del OIJ y la Fiscalía General.

El OIJ anunció el 28 de octubre de 2014 que funcionarios de esa entidad y cuatro funcionarios del Ministerio Público ingresaron, sin permiso, en la base de datos secreta para tener acceso a detalles de la vida del jugador.

Según el OIJ, se registraron 51 consultas de información de las que 42 corresponden al portero Navas y el resto a sus dos hermanas.

El espionaje habría ocurrido entre los meses de junio y octubre de 2014, cuando Navas destacó con la selección en el Mundial de Brasil y, luego, al ser fichado por el Real Madrid.

Sin embargo, días después, Francisco Segura, quien era director del OIJ, expresó que había autorizado a dos agentes para que revisaran información de Navas y la familia, con el fin de prevenirlos de un secuestro.

El Tribunal comenzó el proceso en contra de estos empleados el 30 de octubre de 2014, que culminó con la suspensión temporal de empleo y sueldo, aunque los implicados afrontan ahora una causa penal por el delito de abuso de autoridad.

El 3 de noviembre pasado la Fiscalía anunció que había incluido a Segura en el caso y que eran 29 los investigados, de los cuales 24 son policías judiciales, cuatro fiscales y el director del OIJ, por supuesto abuso de autoridad, que se castiga con un máximo de dos años de cárcel, pero también con el despido.

Los abogados de Navas entablaron en noviembre pasado una demanda contra los funcionarios judiciales que ingresaron sin motivo a la base de datos, pero no exigen una indemnización económica. EFE