Perú formaliza su oferta universitaria en 2019 y cierra 35 universidades

1 enero, 2020
Perú formaliza su oferta universitaria en 2019 y cierra 35 universidades

Mercedes Palomino
Lima, 1 Ene (EFE).- Si bien el 2019 fue nombrado oficialmente en Perú como el año de la lucha contra la corrupción, otra denominación que podría haberle calzado bien es el de la formalización de su educación universitaria, que llevó al cierre de 35 de esos centros de estudios y dejó a más de 166.000 alumnos afectados.
A lo largo de este año, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que fue creada en 2015, aplicó un filtro de condiciones básicas de calidad en cumplimiento de la nueva ley universitaria que llevó a denegar la licencia al 24,1 % de esos centros superiores.
La medida buscó cumplir la misión de otorgar o denegar la licencia de funcionamiento, en base al cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad (CBC) a las universidades públicas y privadas en funcionamiento y así corregir carencias que van desde la mala infraestructura, la escasa investigación científica y la utilización de fondos para fines que no conciernen a la actividad académica.
LIBERALIZACIÓN Y LUCRO
La educación universitaria peruana arrastra estos problemas desde la crisis económica de los años 80, que llevó a que el Estado desatendiera a la educación pública, y que se agudizó en 1996, cuando durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se dio una ley de promoción de la inversión en la educación que permitió la creación de universidades privadas con fines de lucro.
Con estos antecedentes, Perú se convirtió en el segundo país suramericano con mayor número de universidades, solo por detrás de Brasil, ya que llegó a tener un total de 145 de estas instituciones, entre públicas y privadas.
Aunque esto facilitó el acceso de miles de jóvenes a la educación superior, no repercutió precisamente en una mejora en la calidad educativa ni en la posición académica de esa instituciones en las calificaciones internacionales.
MÁS DE 166.000 ESTUDIANTES AFECTADOS
La primera fase de la reforma, que inició en octubre de 2018 con los primeros cierres de universidades que no cumplían las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas por la Sunedu, continuó con mayor impulso durante este 2019 y llevó, hasta ahora, a la denegación de licencia a 34 centros privados y uno público.
Durante el proceso, que se tiene previsto terminará en febrero de 2020, se vieron afectados 166.156 estudiantes universitarios, que durante 2020 tendrán que buscar una solución a su futuro estudiantil.
Ya que la ley otorga dos años para el cese total de las actividades de las universidades con licencia denegada, que en ese plazo no pueden recibir nuevos alumnos, el 40 % de los afectados, que cursan los dos últimos años, tendrá la posibilidad de culminar sus estudios en esas mismas instituciones.
El otro 60 %, que está en los primeros años de estudios, deberá buscar un traslado a una universidad licenciada, aunque también afrontará los trámites de la convalidación de cursos y las mayores pensiones de las universidades que sí obtuvieron licencia.
En ese sentido, el jefe de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación (Minedu), Jorge Mori, señaló a Efe que el Estado planea ofrecer becas para los alumnos afectados con mejor rendimiento académico y de escasos recursos económicos.
Anunció, además, que se dará una partida extra de dinero a las universidades públicas para que puedan ampliar sus vacantes para recibir a estudiantes provenientes de las instituciones que no han sido licenciadas.
LA EXCELENCIA ACADÉMICA, EL SEGUNDO PASO
Mori aseguró que el resultado del accionar de la Sunedu “ha sido positivo” hasta el momento y dijo que el segundo paso de la reforma universitaria será la búsqueda de la excelencia académica.
“Se está próximo a culminar la primera etapa de formalización de la oferta universitaria, y con ello se pasará a la segunda etapa de la reforma, que será el financiamiento de parte del Estado a la excelencia de las universidades públicas”, sostuvo.
El funcionario insistió en que lo exigido en esta primera etapa de licenciamiento “no tiene que ver con excelencia, sino con condiciones básicas de calidad”.
Ese es “un piso mínimo para que una universidad pueda funcionar”, remarcó Mori. EFE
mpg/dub/laa