Ombudsman guatemalteco pide el retorno provisorio de una comunidad desalojada

7 de noviembre de 2019
Ombudsman guatemalteco pide el retorno provisorio de una comunidad desalojada

Guatemala, 7 nov (EFE).- El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, exigió este miércoles al Gobierno que permita el retorno provisional de los campesinos habitantes de la comunidad Laguna Larga a sus hogares por “razones humanitarias” mientras son reinstalados en otro sitio.

Acompañado del líder de los campesinos de Laguna Larga, Constantino Vásquez; del director del Bufete de Derechos Humanos, Edgar Pérez; y del diputado opositor indígena Leocadio Juracán, el ombudsman pidió al Gobierno cumplir con las medidas cautelares que ordenó la CIDH para las 111 familias de la comunidad.

Debido a que solo quedan dos meses a la actual Administración, que preside el mandatario Jimmy Morales, Rodas consideró que la próxima Presidencia, encabezada por Alejandro Giammattei, “debe de atender la tragedia humana de Laguna Larga”, por lo que le hizo un llamado para visitar la zona y “empatizar” con la causa.

El propio ombudsman realizó el pasado 20 de octubre una visita a la comunidad, que se instaló desde el 2 de junio de 2017 exactamente sobre la línea fronteriza que separa Guatemala de México, unos dos kilómetros de distancia de Laguna Larga, donde constató la crisis humanitaria de la población.

Rodas subrayó que fue “muy valioso” estar ese día allí, el mismo en el que se conmemora la Revolución de 1944, pero lamentó que la Procuraduría General de la Nación o el presidente Morales hayan desatendido y ni siquiera viajado para saber las condiciones en las que vive la gente.

La franja fronteriza en donde viven las 111 familias, instaladas en tiendas de paja o de lona desde hace 28 meses, “carece de drenajes, no cuenta con energía eléctrica, los caminos son de terracería y están en muy mal estado”, describió Rodas, quien sostuvo que solo el hecho de tener un camino inaccesible ya hace la situación de las personas “de vida o muerte”.

Dijo que cuando estuvo en el lugar se deshidrató debido a la alta temperatura que había, más de 35 grados centígrados, y mencionó que al menos él tenía agua para beber, algo que es “un lujo” para muchos de los habitantes allí.

Antes del desalojo, los campesinos, que en su mayoría cultivaban pepitoria (ellos le llaman chigua) y una variedad de frutas, vivían frente a una laguna cristalina que daba el nombre a la comunidad.

Pero tras la llegada de militares y policías la madrugada del 3 de junio de 2017 -ellos abandonaron la comunidad por el temor de ser desalojados a la fuerza- viven junto a un pequeño manto de agua pantanoso y contaminado.

Llegaron a contar con escuelas, con caminos y con casas de madera o cemento que cada uno construyó y hasta maestras pagadas por el Ministerio de Educación (que siguen llegando de forma esporádica), pero ahora, desde hace casi dos años y medio de vida en la línea fronteriza, no cuentan con una vida digna.

Unos meses después del desalojo, en el que las autoridades quemaron algunas de las casas o las cortaron con motosierra para hacerlas inhabitables, asesorados por el Bufete de Derechos Humanos, consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara medidas cautelares para que el Estado guatemalteco garantizara “una vida digna” para los campesinos, algo que no ha sido cumplido.

Don Constantino narró que han fallecido nueve personas en estos meses de desalojo y que la gente ha enfermado de diarrea, calentura, tos, gripe, hongos, presión baja y manchas en la piel de los niños y que incluso han llegado médicos que han rechazado entregarles medicamentos porque han dicho que ese no es un lugar adecuado para vivir y la medicina no surtiría efecto.

El abogado de la comunidad, Edgar Pérez, contó también que hubo una epidemia de varicela que se propagó rápidamente por el “hacinamiento” en que viven la familias y que ha proliferado las enfermedades dermatológicas y que incluso una mujer -doña Bartola Ramírez- falleció por un hongo pulmonar.

Constantino sostuvo que no tienen tierra para trabajar y que a eso se han dedicado toda la vida, desde que a finales de los años 80 comenzaron a llegar campesinos a la laguna a sembrar y con el tiempo llegaron con familias, se instalaron e incluso el Consejo Nacional de Áreas Protegidas midió el sitio donde podrían habitar.

Pero bajo el argumento de estar incrustados en una zona de usos múltiples del Parque Nacional Laguna del Tigre, una reserva protegida, fueron desalojados de su comunidad, aunque en el centro de la reserva hay una petrolera anglofrancesa llamada Perenco.

Rodas narró que cerca de uno de los pozos que instaló la comunidad en la pequeña laguna contaminada vio a un par de niñas que pensó que eran más grandes de la edad que tenían. “Podrían haber sido mis hijas”, esgrimió.

Finalmente, pidió “empatía” a las próximas autoridades de Gobierno, que tomarán el poder el próximo 14 de enero, y reiteró la invitación a asistir a ver las condiciones “infrahumanas” a las que han sido sometidas estas familias “que podrían retornar provisionalmente a sus hogares, mientras se les otorga una nueva finca donde vivir”. EFE