Ciudad de Panamá, 4 ago (EFE).- La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) expresó este sábado su rechazo a una propuesta de ley de amnistía que estudia el Parlamento porque «abre una peligrosa ventana que permitiría liberar a exfuncionarios públicos condenados por corrupción, lo cual representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad».

«Promover que exfuncionarios evadan sus condenas, no solo socava la confianza pública, también pone en riesgo el orden legal y la justicia en nuestro país, erosionando aún más la transparencia en la gestión pública», expresó la Apede en un comunicado.

La aprobación de una legislación de este tipo sería además un «retroceso en el esfuerzo que la República de Panamá viene realizando para salir de las listas de países con deficiencias y alto riesgo».

Es por ello que la Apede ha llamado a los diputados a actuar con «responsabilidad y ética, recordándoles» que «el voto ciudadano los puso en sus curules para asegurar que se haga justicia y se mantenga la integridad de nuestras leyes».

El Parlamento unicameral de Panamá estudia un anteproyecto de ley «que dicta disposiciones sobre amnistía, el indulto, la rebaja de pena, la concesión de libertad condicional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal», propuesto por el diputado Luis Eduardo Camacho, vocero y amigo del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales y refugiado en la Embajada de Nicaragua desde febrero pasado para evitar su encarcelamiento.

El anteproyecto legislativo fue rechazado por el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), que aseguró el viernes en un comunicado que el objetivo del mismo «es impedir que cumplan su condena una serie de exfuncionarios investigados y procesados por delitos contra la Administración Pública, en especial el expresidente Ricardo Martinelli».

«El citado proyecto introduce reformas al Código Penal que permitirían aplicar las importantes figuras del indulto o la amnistía a delitos comunes, más allá de los delitos políticos que contempla la Constitución, e introduciendo una serie de definiciones que van a contramano de la doctrina nacional e internacional sobre la materia», indicó TI.

Martinelli, de 72 años y condenado por blanqueo en el caso conocido como ‘New Business’, está imputado por el mismo delito en la causa de las coimas de Odebrecht.

Dos hijos del expresidente Martinelli pagaron ya cárcel por el caso Odebrecht en EE.UU., donde se declararon culpables de blanquear 28 millones de dólares y de haber llevado a cabo sobornos en favor de la compañía brasileña «por órdenes del padre», como alegó la defensa.

El exmandatario también es investigado en España por presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y por otro caso por supuesto espionaje a una mujer en Mallorca. EFE

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