París, 27 oct (EFE).- El Gobierno francés presentó este jueves un conjunto de medidas para prevenir y hacer frente a disturbios como los que sacudieron el país a comienzos del verano, en particular con un endurecimiento de la respuesta penal contra los menores delincuentes.

Una de las medidas estrellas, desgranadas por la primera ministra, Élisabeth Borne, en un discurso ante 500 alcaldes en la Universidad de la Sorbona de París, es la posibilidad de obligar a esos menores a que vayan a las llamadas Unidades Educativas de Acogida de Día, dirigidos por los servicios de la Protección Judicial de la Juventud.

Allí tendrán que cumplir con una series de actividades de formación y de inserción y, en el caso de no cumplirlas, se les internará en un Centro Educativo Cerrado (CEF).

En algunos casos se contempla que los jóvenes delincuentes en esos centros estén encuadrados por militares para que, según la primera ministra, les transmitan «valores de disciplina y de superación».

Cuando se incumpla un toque de queda, decidido muchas veces por los alcaldes en dirección de los menores para evitar algaradas por la noche, las multas se quintuplicarán para llegar a 750 euros.

El objetivo último es, en línea con lo que le han pedido los alcaldes al Ejecutivo, «una respuesta penal ejemplar y el rechazo total de la impunidad».

La primera ministra destacó que tras la semana de disturbios del verano, desencadenados por la muerte de un menor por los tiros de la policía cuando trataba de escapar a un control al volante de un coche para el que no tenía carné, hubo «una respuesta penal rápida y firme» con más de 2.000 personas condenadas en los tribunales.

Sobre todo, insistió en que buena parte de las personas implicadas en los altercados eran muy jóvenes, ya que apenas una cuarta parte tenían más de 25 años y una quinta parte eran estudiantes de secundaria, y dos tercios no tenían ningún título de estudios.

Por eso uno de los pilares de su dispositivo es «responsabilizar más a los padres», y eso en primer lugar con la creación de una «contribución ciudadana familiar educativa» que tendrán que abonar los menores delincuentes o sus progenitores en beneficio de asociaciones de víctimas.

Cuando los menores hayan causado daños, los dos padres también serán responsables financieramente de indemnizarlos, vivan juntos o separados, y aunque no tengan en sus domicilios a los niños o adolescentes.

Con una pretensión más preventiva, y para tratar que los menores estén ocupados en actividades educativas y de esparcimiento bajo supervisión, los ayuntamientos recibirán más fondos para ampliar los horarios de atención de los centros de ocio.

También habrá más dinero para que las madres de familias monoparentales que tienen dificultades con hijos conflictivos los puedan llevar a internados sin tener que poner ni un solo euro de su bolsillo.

La primera ministra precisó un poco más la puesta en marcha de lo que se ha bautizado como Fuerza de Acción Republicana (FAR), que será la reunión de todos los servicios del Estado en barrios conflictivos con capacidad para movilizar medios humanos y financieros para restablecer la paz, tratar la delincuencia, ayudar a las familias y luchar contra el fracaso escolar.

La FAR tendrá como misión restablecer la paz pública en seis días, establecer un plan de acción en seis semanas y actuar en seis meses para cambiar las cosas. Se estrenará de aquí a finales de año en las ciudades de Besançon, Valence y Maubeuge.

Teniendo en cuenta que las redes sociales sirvieron como canal de propagación de los altercados en verano, el Ejecutivo quiere intentar yugular ese fenómeno con algunas sanciones contenidas un proyecto de ley que se está tramitando en Parlamento sobre el espacio digital.

De forma concreta, se habilita la posibilidad de suspender una cuenta durante seis meses por la publicación de ciertos contenidos violentos, que inciten a la violencia o que alimenten la competición entre bandas.

Por otro lado, Borne indicó que los ayuntamientos afectados por los disturbios del verano recibirán una partida de 100 millones de euros para la reparación y reconstrucción de equipamientos, que se añadirá a la indemnizaciones de los seguros. EFE

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