Lima, 20 oct (EFE).- El primer ministro del Perú, Alberto Otárola, afronta una segunda investigación en su contra, abierta esta vez por la Fiscalía por un caso de presunta corrupción, tras la que comenzó en enero pasado por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales en su país.

El inicio de la nueva investigación preliminar, cuyo plazo no fue informado, se dio a conocer este jueves, mientras Otárola se encontraba en Washington, adonde viajó para asistir a una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y participar en encuentros con autoridades y legisladores de Estados Unidos.

Ni Otárola ni la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se pronunciaron hasta el momento por esta decisión fiscal.

En ese sentido, el Ministerio Público señaló que lo investigará como presunto instigador del delito de colusión por la supuesta contratación irregular de una empleada en la oficina estatal de lucha contra las drogas (Devida), que presidió entre 2014 y 2016.

Esta investigación se ordenó luego de que el programa televisivo Panorama informara el 17 de septiembre pasado de que dos amigas de Otárola, Rosa Rivera y Yaziréé Pinedo, obtuvieron puestos en el Estado tras reunirse con el primer ministro, en diciembre de 2022 y en marzo de 2023, respectivamente.

Tras conocerse ese reportaje, Otárola aseguró que no cometió «ningún acto irregular» y criticó que se cuestione «que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos».

A pesar de ello, el Ministerio Público también comprendió en la investigación abierta este jueves al actual presidente ejecutivo de Devida, Carlos Figueroa, y al gerente general, Martín Villafuerte, como presuntos autores del delito de colusión simple y agravada, respectivamente.

Además, Rivera será investigada como presunta cómplice de colusión simple y agravada.

La Fiscalía comprendió en enero pasado al primer ministro en una investigación abierta contra la presidenta Dina Boluarte por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de las decenas de fallecidos y heridos que dejaron las manifestaciones antigubernamentales.

El primer ministro acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre y, según medios locales, negó cualquier responsabilidad en las muertes en investigación.

Otárola asumió la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre, en reemplazo de Pedro Angulo, tras haber sido ministro de Defensa desde el inicio del gobierno de Boluarte, quien juró el cargo el 7 de diciembre después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado. EFE

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