Santiago de Chile, 28 ago (EFE).- El Colegio de Profesores de Chile ratificó este domingo el paro indefinido desde el próximo martes tras rechazar la propuesta del Gobierno.

«Eso es un hecho innegable y está ahí planteado, y es la decisión mayoritaria del profesorado nacional. La asumimos todas y todos porque es lo que corresponde», afirmó el presidente nacional del gremio, Carlos Díaz.

«Hubiésemos no querido llegar a esto, lo hemos venido señalando desde hace mucho tiempo. Esta decisión de paralizar, de generar un itinerario que partió con 24 horas, después con 48 y ahora indefinido, no la tomamos ni la dijimos al Gobierno hace 15 días“, agregó.

La ratificación se dio con una consulta a nivel nacional dónde un 53,6 % del gremio se inclinó por rechazar la última propuesta del ministerio, mientras que un 46,3 % la aceptó.

«Venimos hace más de un año planteando esta decisión, y, por tanto, la necesidad de que el Gobierno se haga cargo de los temas que hoy, lamentablemente, están afectando fuertemente a la educación chilena”, aseveró Díaz.

Entre las demandas que reclaman están cambios en la jornada escolar, un bono para los profesores jubilados, medidas para mitigar tanto la violencia en los establecimientos escolares como el estrés laboral y el pago de la denominada «deuda histórica».

La llamada «deuda histórica» se remonta a hechos ocurridos en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando la administración de la educación pública fue traspasada del nivel central a las municipalidades del país. Este cambio implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regiría por las normas aplicables al sector privado.

Las autoridades de ese país crearon una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, a contar del 1 de enero de 1981. Sin embargo, los profesores que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada «deuda histórica» del Magisterio.

No es la primera movilización en el área educacional que enfrenta la Administración de Gabriel Boric. Durante sus primeros meses de gobierno, miles de estudiantes secundarios articularon una movilización, principalmente en la capital, para exigir mejoras en la infraestructura escolar y protocolos contra la violencia machista. EFE

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