Lima, 5 may (EFE).- Varios líderes indígenas de Perú aseguraron este jueves que el avance del narcotráfico y la ausencia del Estado en sus territorios fuerza a sus comunidades a autoprotegerse de las amenazas de esta actividad ilícita y lamentaron que el Gobierno no responda a su petición de dotar de armas a sus comités de autodefensa.

«Se ha solicitado al Gobierno y al Ministerio de Defensa para que doten de armamento a los comités de autodefensa (…) Lo hemos hecho reiteradas veces, (pero han hecho) caso omiso», dijo en una conferencia Yanet Velasco Castillo, tesorera del Consejo Directivo de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).

Esta organización agrupa a 19 comunidades nativas y 33 anexos ubicados en el distrito Río Tambo, dentro de la provincia de Satipo, de la selvática región de Junín, una zona perteneciente al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera de Perú, considerado el segundo productor mundial de cocaína, solo por detrás de Colombia.

Este distrito fue testigo, el mes pasado, del último asesinato de un líder indígena en el país, el asháninka Santiago Contoricón, quien era parte del comité de autodefensa de su comunidad y luchó para mejorar la seguridad en su área, donde el narcotráfico convive en alianza con los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

«Venimos siendo amenazados por narcotraficantes, colonos, invasores de territorios (…) ¿Quién nos protege? ¿Quién nos da seguridad? Nadie. Nosotros nos protegemos entre nosotros, no esperamos (nada) del Estado, no confiamos en la Policía», apostilló Velasco ante la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP).

En el mismo sentido se expresó Herlin Odicio Estrella, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo, que agremia a 8 comunidades de las provincias Padre Abad y Puerto Inca, de las regiones de Ucayali y Huánuco, respectivamente.

«Ya no hay confianza con el funcionario, ni con la Fiscalía, ni con la Policía. Ya no hay dónde acudir. Lo que pedimos es que la justicia indígena proteja el territorio con las guardias indígenas y que los líderes sean protegidos por su misma gente», señaló tras denunciar la ausencia del Estado en sus territorios y una supuesta alianza entre Gobiernos locales y estas actividades ilegales.

«Las autoridades políticas se prestan para estas cosas, para crear invasiones en reservas indígenas. Están coludidos con estas mafias», aseveró.

Solo en 2021, según Odicio, en Ucayali se localizaron 42 pistas de aterrizaje usadas por el narcotráfico para exportar la droga del país, 14 de ellas en territorios de comunidades indígenas.

«Ucayali y Huánuco se han convertido en el segundo Vraem. No es tierra de nadie», indicó, luego de afirmar que, desde 2020 hasta la actualidad, cuatro líderes kakataibos fueron asesinados.

En julio del año pasado, el presidente ejecutivo de la oficina antidrogas de Perú, Ricardo Soberón, alertó también en una conferencia con la APEP que Ucayali ya era un «nuevo foco cocalero» que «preocupa» a las autoridades peruanas.

Al ser fronterizo con Brasil, este departamento goza de una localización estratégica para las rutas del narcotráfico.

Tan solo entre 2020 y 2021, según precisó en ese entonces Soberón, los cultivos de arbusto de hoja de coca en Ucayali casi se triplicaron, al pasar de 3.810 hectáreas a 10.220. EFE

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