Londres, 26 abr (EFE).- La ministra británica de Interior, Suella Braverman, acusó este miércoles al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de «socavar» a un Gobierno democráticamente electo» tras haber visto el pasado año bloqueado su plan de deportar migrantes a Ruanda.

En unas declaraciones hechas hoy a la emisora británica BBC Radio 4, la política tory dijo que si el llamado Proyecto de ley de Migración Ilegal -que se debatirá hoy en el Parlamento- progresa eventualmente, «no se pondrá límites» al número de migrantes que este país podría evacuar a Ruanda.

Además, dijo, este país adquiriría poderes con los que podría ignorar los dictámenes de la Corte de Estrasburgo.

«Si miramos a Australia -una vez que pudieron detener y sacar con rapidez (a migrantes ilegales) de territorio australiano- sus números de llegadas ilegales cayeron dramáticamente en un periodo de tiempo relativamente corto», observó la ministra .

Braverman añadió que por eso «es por lo que la disuasión es un ingrediente clave» para controlar las llegadas irregulares.

«El año pasado vemos una situación inaceptable donde la ministra de Interior tomaba una decisión para reubicar personas a Ruanda y esa decisión fue retenida en las Cortes (…) y un juez de (la Corte de) Estrasburgo revocó la decisión, socavando a un Gobierno democráticamente electo y una decisión para adoptar medidas apropiadas», lamentó.

«No queremos que se repita ese escenario. Es por eso que hemos incluido medidas en nuestro proyecto de Ley para permitir discreción al ministro/a de Interior para considerar el caso en base a sus méritos y circunstancias particulares», agregó.

El pasado marzo Ruanda y Reino Unido acordaron ampliar el polémico acuerdo entre ambos países para enviar al país africano solicitantes de asilo.

Según los planes del Ejecutivo de Londres, aquellas personas que lleguen a suelo británico de manera irregular serán enviadas a Ruanda, que procesará sus solicitudes de asilo y decidirá si les ofrece refugio durante cinco años o bien les obliga a abandonar el país.

El Gobierno quería enviar a Ruanda a los primeros solicitantes de asilo el pasado 14 de junio, pero diversos procesos judiciales han evitado hasta ahora esas deportaciones.

El acuerdo ha sido fuertemente criticado por organizaciones pro derechos humanos, al considerar que viola el derecho internacional, en concreto la Convención de 1951 sobre Refugiados. EFE

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