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Turquía sigue usando la Justicia para perseguir a periodistas y opositores

 28 marzo, 2023

Ankara, 28 mar (EFE).- Además de perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos a través de procesos judiciales «infundados», el Gobierno de Turquía ha restringido aún más la libertad de expresión en internet con nuevas «reformas draconianas», denunció hoy Amnistía Internacional (AI).

En su Informe 2022/2023, la ONG resalta además que los tribunales turcos siguen sin ejecutar «las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)» que exigen la puesta en libertad del activista y empresario Osman Kavala y del político opositor Selahattin Demirtas.

Recuerda que, en el caso de Kavala, ese incumplimiento dio lugar a que el Consejo de Europa iniciara un procedimiento de infracción contra Turquía.

CENSURA EN INTERNET

El documento recuerda el paquete de reformas que, apodado «ley de censura» y aprobado en octubre pasado por el Parlamento turco, introdujo la tipificación como nuevo delito de «la difusión pública de desinformación».

Además, la nueva normativa aumentó el poder de las autoridades competentes para obligar a las empresas de redes sociales a retirar contenidos y proporcionar datos de usuarios, añadiendo responsabilidades penales, administrativas y económicas.

El incumplimiento de estos requisitos puede ser penado con multas o «una severa reducción del ancho de banda», resalta AI.

Por otro lado, denuncia que en Turquía periodistas, opositores políticos y defensores de los derechos humanos, entre otras personas, han continuado «siendo objeto de investigaciones infundadas, procesamientos y sentencias condenatorias».

ACUSACIONES INFUNDADAS

Recuerda así, por ejemplo, la sentencia en primera instancia que en diciembre inhabilitó por «insultar a un funcionario público» al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, miembro del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición turca.

Los jueces consideraron que Imamoglu atacó a altos funcionarios cuando dijo, en 2019, que «son estúpidos quienes anularon las elecciones» de marzo de ese año.

Otro ejemplo es la prisión preventiva dictada en mayo contra 16 periodistas de tres medios bajo la acusación de «pertenencia a una organización terrorista», que siguen hasta la fecha sin un acta de acusación formal.

Öztürk Türkdogan, copresidente de la Asociación de Derechos Humanos, tuvo que afrontar «durante un año tres procesamientos distintos por ‘pertenecer a una organización terrorista’, ‘insultar a un funcionario público’ y ‘desacreditar a la nación turca'».

VIOLENCIA CONTRA REFUGIADOS

El documento de AI afirma, por otra parte, que «las autoridades turcas usaron fuerza ilegítima, incluidos disparos con munición real, para devolver sumariamente a Irán a miles de afganos que buscaban protección».

Al recurrir a las armas también contra afganos que intentaban cruzar la frontera, se produjeron «muertes y personas resultaron heridas».

El informe de Amnistía denuncia, además, que Turquía limita con diversas estrategias tanto la libertad de reunión como la de asociación.

Así, las autoridades turcas usaron recomendaciones internacionales contra el blanqueo de dinero «como pantalla de humo» para hostigar a las ONG. EFE

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