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Acciones para bajar precios marcan el inicio de Chaves en Costa Rica

 09 julio, 2022

San José, 9 jul (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, cumple el viernes dos meses en el cargo marcados por decretos y otras acciones dirigidas a bajar el precio de bienes y servicios que no han estado exentas de fuertes polémicas con sectores empresariales.

Chaves, quien asumió el cargo el pasado 8 de mayo para un periodo de 4 años, ha dedicado sus primeros dos meses de mandato a impulsar acciones que pretenden bajar el precio de los combustibles, la electricidad, el arroz y de la revisión técnica de vehículos.

LAS POLÉMICAS DECISIONES

El anuncio más polémico del presidente, hasta el momento, es su intención de eliminar por decreto la fijación estatal del precio mínimo del arroz y de reducir sustancialmente el arancel a la importación de ese producto, con el fin, según él, de acabar con un «oligopolio» de unos pocos industriales.

El objetivo del Gobierno es bajar el arancel del arroz pilado (sin cáscara) de 36 % a 5 %, y subir de 0 % a 4,5 % el arancel para el arroz en granza.

El impuesto y la fijación de precio eran considerados métodos para la protección de los productores locales, pero para el mandatario ello causaba una distorsión en el precio que solo beneficiaba a los industriales y no a los consumidores.

Chaves prometió dar subsidios a los productores que se verán afectados.

El director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Fernando Araya, lamentó que «el señor presidente realizó una serie de aseveraciones muy delicadas, que dan coraje» y afirmó que las regulaciones del sector están «basadas en ciencia y técnica» y avaladas por el Ministerio de Economía Industria y Comercio, así como por el de Agricultura y Ganadería.

«¿Quién asesora al presidente? ¿A quién está escuchando? Porque si Conarroz, como ente rector por ley no ha sido atendido ¿Quién los está asesorando», expresó Araya, quien pidió al Gobierno «transparencia» a la hora de anunciar este tipo de decisiones.

La otra gran polémica que enfrenta el Gobierno de Chaves es el fin de la concesión de 20 años a la empresa española Riteve en la prestación del servicio de la revisión técnica de todos los vehículos que circulan en el país.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, ha anunciado que el 15 de julio próximo, fecha en la que se vence la concesión, tomará posesión de los planteles y los equipos que, como indica el contrato, pasan a manos del Estado.

Chaves afirmó que el precio que cobra Riteve por el servicio a los usuarios es demasiado elevado y que debería ser menos de la mitad.

Costa Rica estará sin revisión técnica de vehículos al menos hasta septiembre próximo, cuando, según los cálculos del Gobierno, entre a operar de emergencia una nueva empresa proveniente de un concurso público.

Riteve ha informado que entregará los planteles y los equipos, pagará las responsabilidades patronales, pero además ha interpuesto un arbitraje en el que reclama al Estado 30 millones de dólares por tarifas que no fueron actualizadas por años.

En cuanto a los combustibles, Chaves ha dicho que el precio depende de condiciones internacionales, ya que Costa Rica es un importador neto, pero ha impulsado un cambio de metodología de cálculo de la tarifa.

PRIMEROS PASOS EN COMERCIO EXTERIOR

En estos dos meses de gestión, el Gobierno de Chaves ha mostrado los primeros trazos de su política de comercio exterior dirigida hacia una mayor apertura.

El Gobierno reactivó la importación de aguacate desde México tras varios años de bloqueo y anunció que negociará con Ecuador un Tratado de Libre Comercio.

El mayor anuncio realizado hasta el momento ha sido el de la solicitud de inicio del proceso de incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial conformado por México, Perú, Colombia y Chile, y al que se oponía principalmente el sector agropecuario, que considera se verá afectado.

Otras acciones polémicas de Chaves en sus primeros meses han sido la subida de un 100 % del salario base a sus ministros y viceministros y una disputa con la Contraloría General de la República por la forma de aplicar una regla fiscal. EFE

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