Santiago de Chile, 19 may (EFE).- El Parlamento chileno desestimó este miércoles iniciar un juicio político contra el excanciller Andrés Allamand, actual titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), por un supuesto abandono de deberes durante la crisis migratoria que sacudió al país durante sus últimos meses como ministro.

Con 118 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de los Diputados acogió la cuestión previa que planteó la defensa del exministro, por lo que la acusación constitucional (juicio político) no cumple los requisitos para continuar su tramitación.

La acusación, que ya venía con un informe negativo de parte de una comisión parlamentaria, «no cumplía con los requisitos formales para formularse», según planteó el abogado defensor, Samuel Donoso.

El titular de la Segib, que en febrero relevó a la costarricense Rebeca Grynspan por un periodo de cuatro años, se libró así de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años.

El pasado febrero, en medio de una crisis migratoria sin precedentes y cuando faltaba cerca de un mes para el fin del mandato del conservador Sebastián Piñera (2018-2022), Allamand se ausentó del país.

Los cuestionamientos comenzaron a cobrar fuerza luego de conocerse que, durante ese tiempo, el excanciller se encontraba en España, donde sostuvo una reunión en calidad de secretario general iberoamericano electo con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares.

Desde la Cancillería informaron entonces que el ministro estaba haciendo uso de sus vacaciones y que retomaría tras ellas sus funciones, sin embargo, dos días después, el 6 de febrero, Allamand renunció a su cargo.

Este mes, una decena de parlamentarios de diverso sello político denunció formalmente ante la Cámara su ausencia y señaló que el actual titular de la Segib no estuvo presente durante la discusión de políticas clave para frenar la crisis migratoria, que incluían una mesa de trabajo conjunta entre Chile y Bolivia.

Allamand prefirió «una asunción anticipada de un puesto internacional por sobre los importantes y esenciales intereses de Chile», asegura la denuncia.

En Chile, las autoridades de Gobierno y altos funcionarios públicos pueden ser «acusados constitucionalmente» hasta seis meses después de dejar sus cargos, una fórmula que puede terminar en su destitución o en su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años. EFE

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