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El administrador de Alu Ibérica pide un ERE de extinción para los empleados

 19 febrero, 2022

Coruña 19 feb 2022.- El economista coruñés Diego Comendador ha podido comprobar en las tres semanas que lleva como administrador concursal de Alu Ibérica LC que la fábrica de aluminio de la que se deshizo Alcoa en Agrela “carece de tesorería alguna y su actividad está paralizada de facto”. Esa falta de liquidez fue precisamente la que llevó al administrador judicial, Ramón Juega, a solicitar el concurso de acreedores después de parar la actividad y de que la Audiencia Nacional apartar a los directivos de Grupo Riesgo de la gestión por indicios de descapitalización. De lo que Comendador tiene dudas ahora es de si Alu Ibérica tiene futuro, por lo que ha recomendado a la jueza del Mercantil 2 de A Coruña que demore la liquidación que solicitó Juega. “La administración concursal señala que pese a las gestiones realizadas todavía no ha podido comprobar la viabilidad de la sociedad”, explica el auto con el que la magistrada Salomé Martínez acaba de la apertura de la fase de liquidación.

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña concluye que “resultaría imprudente acordar ahora la apertura de la fase de liquidación” de la planta de aluminio de A Coruña (Alu Ibérica LC). Por un lado, Martínez argumenta que “existen dudas” acerca de las facultades del administrador concursal para solicitar esta vía. Por otro, la consulta que ha hecho a Comendador a este respecto lo desaconseja por el momento. Y además, la jueza pone el acento en la gravedad de las consecuencias de liquidar Alu Ibérica, “en particular en lo referido a la disolución de la sociedad”. El auto hace referencia al artículo 413 de la actual Ley Concursal, que establece que “si el concursado fuese persona jurídica [como es el caso de Alu Ibérica], la resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos a todos los efectos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquellos en representación de la concursada en el procedimiento concursal y en los incidentes en los que sea parte”. La disolución sería la antesala a la extinción de Alu Ibérica. Por eso, la jueza y administrador del concurso prefieren agotar antes todas las vías.

Con todo, el administrador concursal que la Audiencia Nacional nombró este verano para hacerse cargo de Alu Ibérica mientras avanza la instrucción del caso Alcoa —causa penal por la posible estafa en la venta— tiene un plazo de cinco días para interponer un recurso de reposición e impugnar la decisión que el Mercantil 2 emitió este lunes.

Ramón Juega solicitó la liquidación de Alu Ibérica desde un principio, desde que cursó al Juzgado de lo Mercantil en noviembre su petición de concurso de acreedores voluntario. El 30 de noviembre la Justicia declaró la entrada de la empresa en el proceso concursal al dar por acreditada su insolvencia. Sin embargo, la jueza no resolvió en aquel momento sobre la liquidación y optó por pedir, por una parte, un informe sobre ello al administrador concursal y, por otra, más acreditaciones sobre su autoridad al administrador judicial. Finalmente, ha decidido denegar la petición.

Búsqueda de un comprador

La Xunta se ha comprometido a trabajar junto con el administrador concursal para buscar un comprador para la fábrica que Alcoa vendió en julio de 2019 a Parter Capital y que el fondo suizo revendió en 2020 a Grupo Riesgo, dueño actual y sospechoso de vaciar las cuentas de Alu Ibérica mediante sobrecostes, negocios ficticios y tretas como la compra de bitcoins. También el Principado de Asturias ha manifestado su apoyo de cara a buscar un futuro para Alu Ibérica, que abarca las fábricas de aluminio de A Coruña y de Avilés, ambas paradas desde agosto y con sus 600 trabajadores en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La plantilla demanda además al Ministerio de Industria la intervención de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y la convocatoria de la mesa industrial para buscar una solución política, pero el Gobierno ha tomado distancia de la crisis de Alu Ibérica desde su judicialización.

La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, investiga desde diciembre del año pasado a diez personas físicas y nueve jurídicas —entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica LC SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo— por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. El caso Alcoa llevó a la detención de cuatro directivos de Riesgo tras los registros policiales de la pasada primavera y las medidas cautelares fueron subiendo de nivel —de intervención a administración judicial— mientras las fábricas languidecen sumidas en la insolvencia y a la espera de una salida que resucite la actividad fabril.