San José, 15 feb (EFE).- El periodista Ronald Moya pidió este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra el Estado costarricense por la aplicación de una sanción civil por parte de los tribunales contra él, un colega y el diario La Nación, por delitos contra el honor a raíz de la publicación de una noticia.

«Espero que la Corte solicite anular esta sentencia porque mientras esté vigente, está de por medio la seguridad de los periodistas de Costa Rica, pero principalmente de muchos medios independientes que salen a flote con grandes esfuerzos económicos y con periodistas profesionales que lo que hacen es informar de asuntos de enorme interés público», declaró Moya en una audiencia ante la CorteIDH.

El caso se refiere a la imposición de una sanción económica por la vía civil a los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves por la publicación, el 17 de diciembre de 2005, de un artículo periodístico en el diario La Nación en el que informaban sobre presuntas irregularidades en el control de la importación de licores hacia Costa Rica en la zona fronteriza con Panamá.

Uno de los agentes de policía involucrados en la investigación, de apellido Trejos, presentó una querella por el delito de calumnias y difamación por medio de prensa, así como una acción civil en contra de los periodistas.

Los periodistas fueron absueltos en la vía penal, pero los tribunales establecieron de forma solidaria el pago de 5 millones de colones (unos 10.000 dólares para la época) al determinar que hubo falsedades en la publicación.

La Sala de Casación ratificó la sanción y expuso que los periodistas no acudieron a la oficina de prensa del Poder Judicial para corroborar los hechos por los que se investigaba al policía.

El periodista Moya, quien para la fecha de la publicación era editor de la sección de sucesos y judiciales del diario, dijo hoy que la fuente utilizada e identificada en la noticia fue el ministro de Seguridad de la época, Rogelio Ramos, a quien consideraba como una autoridad calificada para corroborar la información.

El periodista también solicitó a la CorteIDH que ordene al Estado una indemnización en lo material e inmaterial, pues considera que el proceso penal y civil al que fue sometido le causó una «profunda herida que no se ha sanado» y «una marca» en su carrera.

La demanda contra el Estado señala que el artículo 145 del Código Penal y el artículo 7 de la Ley de Imprenta que establecen el tipo penal de “injurias por medio de la prensa” son incompatibles con el principio de estricta legalidad penal y el derecho a la libertad de expresión, al no establecer parámetros claros que permitan prever la conducta prohibida y sus elementos.

Por su parte, la representación del Estado, encabezada por el agente José Carlos Jiménez, expuso que en este caso se utilizó «un mecanismo judicial legítimo» y que en la noticia publicada «había falsedades y no se publicó rectificación».

El argumento estatal también señala que la oficina de prensa del Poder Judicial existe desde 1990 y que era la fuente idónea para consultar acerca de la investigación judicial al policía.

El Estado también afirmó que la sanción civil fue pagada por el diario La Nación, por lo que no hubo un daño al patrimonio personal de los periodistas.

El agente Jiménez aseguró que Costa Rica no violó los derechos humanos en este caso, por lo que solicitó a la Corte Interamericana que absuelva al Estado. EFE

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