Santiago de Chile, 8 nov (EFE).- Más del 81 % de los habitantes de la región chilena de La Araucanía se mostró a favor este domingo en una consulta ciudadana de mantener el estado de excepción que decretó el Gobierno para militarizar la zona, epicentro del llamado conflicto mapuche y escenario de múltiples episodios de violencia rural.

El objetivo de la consulta fue recoger la percepción de la población ante la eventual extensión del estado de excepción constitucional que rige actualmente las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía, y la de Arauco en el Biobío hasta el 11 de noviembre, debate que se dará en el Congreso a inicios de la próxima semana, a más tardar el martes.

Finalizada durante horas de la tarde, la votación, que no tiene carácter vinculante, contó con la participación de casi 145.000 personas que habitan dentro de las 32 comunas involucradas en el proceso.

La consulta, que se realizó vía electrónica, fue impulsada por el gobernador Luciano Rivas, militante del partido derechista Evópoli, y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA).

«Le pedimos a los políticos, en especial a todos los diputados y senadores de Chile, que se escuche nuestra voz, no se hagan los sordos», señaló Rivas una vez publicados los resultados.

Rivas señaló además que desde su cargo busca impulsar un «pacto nacional» que considere extender el estado de emergencia en la zona para garantizar la seguridad, así como establece diálogos con «todos los quieran, sin armas ni fusiles en la mesa».

El presidente chileno, el derechista Sebastián Piñera, decretó a mediados de octubre pasado el estado de excepción constitucional en el territorio, que en la práctica implica el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público.

Durante las últimas semanas, el sur de Chile ha experimentado una ola de violencia que se enmarca en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.

La situación actual ha despertado diversas reacciones, como la de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en la capital chilena, que lamentó la reciente muerte de un comunero mapuche en un operativo de seguridad y expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno.

La medida ha sido criticada desde el principio por organizaciones indígenas y por la oposición, que sostienen que es una forma de tensionar todavía más el enconado conflicto, y diversos diputados opositores ya anunciaron que votarán en contra de la prórroga. EFE.