Naciones Unidas, 2 oct (EFE).- La ONU rechazó este viernes el ultimátum de Etiopía para que siete de sus funcionarios abandonen el país, argumentando que no reconoce la declaración de «persona non grata» hecha por el Gobierno, pero sin aclarar de forma definitiva si esas personas permanecerán en el país una vez expirado el ultimátum para que abandonen sus puestos.

Según el portavoz Farhan Haq, Naciones Unidas ha remitido una nota oficial a las autoridades etíopes para recordarles que, por norma, «no acepta el uso de la doctrina de persona non grata» en el caso de empleados de la organización.

«Esta es una doctrina que afecta a agentes diplomáticos acreditados por un Estado ante otro Estado. La aplicación de esta doctrina a funcionarios de la ONU es contraria a las obligaciones bajo la Carta de las Naciones Unidas y a los privilegios e inmunidades que se conceden a Naciones Unidas y sus empleados», señaló Haq.

Ese mensaje lo trasladó también el secretario general, António Guterres, al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, con quien hoy mantuvo una conversación telefónica, según el portavoz.

Etiopía dio ayer jueves un plazo de 72 horas para la salida del país de estos siete funcionarios, entre los que se destacan el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Etiopía, Adele Khodr, y la directora de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Ayuda Humanitaria (Unocha) en el país, Marcy Vigoda.

La ONU, que ayer ya había adelantado que iba a intentar que Etiopía diera marcha atrás, dijo que los contactos continúan al más alto nivel, pero no se pronunció sobre si finalmente los funcionarios dejarán o no el país.

«No tengo nada que decir sobre el estatus de los siete individuos. Por lo que sé, están en Etiopía», dijo Haq preguntado por los periodistas en una conferencia de prensa.

Varias potencias, entre ellas EE.UU. y la Unión Europea, han criticado la decisión del Gobierno etíope, que hoy iba a ser objeto de debate en el Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión a puerta cerrada.

La expulsión decretada por el Gobierno etíope llega después de que Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias denunciaran las limitaciones que Etiopía impone en el acceso a la región norteña de Tigray, asolada por una guerra entre el Gobierno central y los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT). EFE