Madrid, 13 sep (EFE).- La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a los dueños de Petromiralles, José María y Pedro Torrens, y a otra veintena de personas por el presunto fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en gasolineras de Cataluña entre 2011 y 2013, valorado en algo más de 147 millones de euros.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para ambos 18 años de prisión por tres supuestos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales.

A esa petición de condena se le sumarían otros 18 meses de cárcel en el caso de José María Torrens, que en su momento también fue alcalde de Santa María de Miralles (Barcelona), por un delito de tenencia ilícita de armas.

Las pesquisas comenzaron en 2012, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició una investigación sobre la posible existencia de una organización criminal que estaría cometiendo un importante fraude fiscal a través de empresas pantalla.

En concreto, consistiría en la «falta de liquidación de los impuestos que la actividad de distribución de productos petrolíferos genera, falsificando para ello sus declaraciones tributarias».

La Fiscalía sitúa al frente de la trama a los hermanos Torrens, ayudados por una serie de personas, entre ellas Antonio Rodríguez Estepa y Eloy Vila Moroso, quien gestionaba las sociedades y mantenía relaciones con las empresas y personas implicadas.

José María y Pedro Torrens habrían sido los principales beneficiarios «de un entramado empresarial creado expresamente para lograr la obtención de productos petrolíferos a un precio sensiblemente inferior al de mercado».

Este precio «súper reducido» se habría alcanzado «haciendo responsables de la liquidación del pago de los impuestos que el comercio de estas mercancías genera a unas empresas instrumentales (Fast Petrol, Servicios Petrolíferos Avanzados y Scout Energy), a cuyo frente «se colocan testaferros» que no abonaban el IVA.

Se trata de una estrategia «plenamente consciente, diseñada y llevada a cabo por los responsables de Petromiralles»; es más, José María «es quien financia el establecimiento de las nuevas empresas que se van creando».

Para hacerse con las ganancias ilícitas, la organización se habría servido de retiradas de dinero en efectivo realizadas por los testaferros con una periodicidad de «2 ó 3 veces por semana», desviando estos fondos a cuentas en Hong Kong y Andorra.

147,1 MILLONES DEFRAUDADOS

A tenor de la documentación que obra en el sumario, el importe del fraude ascendería a 147,1 millones de euros.

El inicio de esta actividad, continúa el Ministerio Público, habría tenido lugar en Cataluña, con la sociedad Fast Petrol, y fue apadrinada por el Grupo Petromiralles.

La apropiación de las cuotas de IVA posibilitó a los responsables de la trama «ofrecer los productos de Fast Petrol a un precio inferior al de sus competidores, con lo que conseguían incrementar sus cifras de ventas».

Tras analizar el destino que tuvieron las cantidades defraudadas, los investigadores concluyen que, «parece que Petromiralles no ha sido destinatario (salvo una pequeña cantidad) de movimientos de efectivo».

Es más, «la parte del beneficio que le tocaba (…) es la diferencia de vender caro y comprar barato el mismo producto», que «se puede llegar a cuantificar en 25 millones en el total de los tres años».

Por lo pronto, el tribunal ha señalado once sesiones de vista oral.

En mayo de 2019, la Audiencia Nacional ya condenó a José María Torrens a 18 meses de prisión por defraudar a Hacienda 5,7 millones de euros en IVA entre 2009 y 2010 a través de la sociedad Hercobús, creada de espaldas a su hermano para multiplicar sus ganancias personales.

(c) Agencia EFE