Expareja de Evo Morales declara ante juez pero su testimonio queda en reserva

12 de marzo de 2016

La Paz, 12 mar (EFE).- La empresaria Gabriela Zapata, expareja del presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo una declaración ante una jueza sobre el hijo que tuvo en 2007 con el mandatario, pero su testimonio se mantiene en reserva por una decisión judicial.

Zapata hizo su declaración durante más de tres horas en una audiencia ante la juez de la Niñez y Adolescencia Jackeline Rada en el Tribunal de Justicia de La Paz, indicaron los medios.

La expareja del mandatario asistió a la audiencia para responder a una demanda presentada por Morales para que presente al hijo de ambos, después de que familiares y abogados de Zapata afirmaran que el niño está vivo y no muerto como aseguraba el gobernante.

Tras hacer su declaración ante la jueza, Zapata volvió a la prisión donde se encuentra desde el 28 de febrero pasado, acusada de los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.

Uno de los abogados de Zapata, Walter Zuleta, dijo escuetamente a los medios que no puede decir nada sobre la audiencia porque, de otra forma, podría ser apartado de la defensa.

La relación de Morales y Zapata y el nacimiento del niño en 2007 fueron reveladas el 3 de febrero por un periodista, que también denunció un supuesto tráfico de influencias que habría beneficiado a la empresa china CAMCE con contratos millonarios con el Estado.

Morales rechazó las acusaciones de supuesta corrupción y declaró que su expareja le dijo que el niño había muerto tras nacer.

Esa explicación implica que el gobernante creyó sin más a Zapata cuando esta le dijo que el niño murió, pero no lo comprobó ni acudió al velatorio ni al entierro del bebé, por lo que la oposición y gran parte de la sociedad boliviana acogen esa versión con escepticismo.

En las primeras investigaciones del caso se estableció que Zapata, que fue hasta hace poco una ejecutiva de CAMCE, usaba oficinas del ministerio de la Presidencia para reunirse con inversores extranjeros supuestamente para hacer tratos personales.

Una comisión del Parlamento y de la Contraloría General del Estado investigan por separado los contratos que CAMCE firmó con diferentes entidades del Estado por 566 millones de dólares.