Excarcelados “políticos” denuncian amenazas de muerte en Nicaragua

7 de noviembre de 2019
Excarcelados “políticos” denuncian amenazas de muerte en Nicaragua

Managua, 7 nov (EFE).- Un grupo de opositores conocidos en Nicaragua como “excarcelados políticos” denunció este miércoles que fueron amenazados de muerte por policías, paramilitares y militantes sandinistas, mientras vendían artesanías, en medio de la crisis sociopolítica local.

Las amenazas ocurrieron el domingo pasado en la catedral de la ciudad colonial de Granada, durante una “Feria Azul y Blanco”, organizada por excarcelados “políticos”, quienes afirman no encontrar empleo a causa de bloqueos del Gobierno.

“El día 3 de noviembre fuimos amenazados de muerte por parte de paramilitares, la Policía de Granada, simpatizantes del Gobierno, decidimos retirar la feria, en el transcurso nos dieron persecución”, dijo la excarcelada “política” Erika Moya, al denunciar el caso ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La crisis de Nicaragua ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio, luego de haber participado en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

“El domingo en Granada fue un despliegue de más de 60 policías y unos 40 a 50 activistas del Gobierno y paramilitares, sacando cuchillos y amenazándonos con que nos iban a matar, a robar, a golpear”, afirmó el también excarcelado “político” Edwin Altamirano.

Policías, paramilitares o simpatizantes sandinistas, han sido denunciados en múltiples ocasiones por amenazas de muerte, pero las autoridades no investigan o se niegan a seguir los casos.

Los denunciantes se mostraron preocupados porque las ventas en las “Ferias Azul y Blanco”, itinerantes en diversas ciudades, representan sus únicos ingresos económicos, luego de haber perdido sus empleos al ser arrestados por participar en protestas contra el Gobierno.

“Nos sentimos absolutamente decepcionados, porque no se nos permite trabajar en paz”, comentó Moya.

“Si alguien nos ofrece un trabajo corre riesgo de ser perseguido por la Policía, tenemos hijos, que piden comida a diario, y el único día que podemos vender es el domingo, no nos estamos manifestando, estamos haciendo un trabajo para llevar dinero a nuestra familia”, se quejó Altamirano.

La CPDH llamó al Gobierno a permitir que las empresas contraten a los excarcelados “políticos”, ya que el trabajo y la vida son derechos inalienables.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Ortega por la muerte de al menos 328 personas, señala que las autoridades han cometido delitos “de lesa humanidad” en un año y medio de crisis.

Entre febrero y junio pasado el Gobierno liberó bajo condiciones a unos 620 “presos políticos”, pero al menos 139 continúan en la cárcel, según la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP).

Actualmente en Nicaragua hay una estricta prohibición de muestras de rechazo contra Ortega y su familia, a pesar de que la medida contradice la Constitución, según los juristas. EFE