El caso de la represión a una marcha indígena resurge años después en Bolivia

7 de julio de 2020
El caso de la represión a una marcha indígena resurge años después en Bolivia

La Paz, 7 jul (EFE).- La represión de una marcha indígena en Bolivia en 2011 vuelve a la actualidad en el país casi una década después, al conocerse este lunes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia sobre violación de derechos de pueblos originarios.
El viceministro interino de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, Huberth Vargas, comunicó la admisión de la denuncia en una rueda de prensa en La Paz, en la que criticó al expresidente Evo Morales por su actuación durante la conocida en el país como marcha del Tipnis, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.
“Evo Morales fue una falacia como protector de derechos humanos, vulneró los derechos de quienes él representaba, metió la represión más desastrosa y abusiva contra los indígenas que pregonaba proteger”, denunció Vargas.
Morales, de origen aimara, se convirtió en 2006 en el primer presidente indígena salido de las urnas en Bolivia, pero lo ocurrido con esa marcha le costó duras críticas desde el indigenismo.
La denuncia fue presentada en 2012 por 64 comunidades indígenas del Tipnis y el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), por la actuación de la Policía en una marcha que se dirigía a La Paz en rechazo a la construcción de una carretera en el espacio natural.
El Ministerio de Justicia compartió a los medios unas declaraciones de representantes de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños, satisfechos de la admisión, aunque con años de retraso, y esperanzados en que se haga justicia.
El Tipnis es una reserva natural de cerca de 1,2 millones de hectáreas en el centro de Bolivia, donde viven unos 14.000 indígenas de las etnias trinitaria-moxeña, yuracaré y chimán, en 69 comunidades dispersas.
El plan para la construcción de la carretera causó conflictos en 2011 y 2012 con marchas de indígenas desde la Amazonía a La Paz, para denunciar que la apertura de una ruta permitiría una invasión por campesinos cocaleros para expandir sus cultivos, algo que siempre negó el Gobierno de Morales. EFE
lar/gb/cav