Ausencia de Martinelli suspendería audiencia en su contra por escuchas

13 de octubre de 2015
Ausencia de Martinelli suspendería audiencia en su contra por escuchas

Panamá, 13 oct (EFE).- La ausencia del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) suspendería la audiencia que programa realizarle el Supremo panameño por el caso de supuestas escuchas telefónicas ilegales, de las cuales se le acusa, dijo una fuente judicial.

“La audiencia se tendría que suspender, no podría haber”, señaló al canal de televisión local TVN el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz, que actúa como fiscal en esta causa penal y que el viernes pasado presentó un escrito de acusación en contra de Martinelli tras finalizar su investigación.

Según Díaz, la acusación de parte suya en contra de Martinelli “está dada” pero no puede haber “un proceso de la fase intermedia (audiencia) sin que esté la persona (acusada) presente”.

En ese caso, agregó, el proceso “queda suspendido obviamente”, aunque no quiso entrar en detalles acerca de si esta suspensión podría extenderse indefinidamente.

Señaló que luego de haber presentado su escrito de acusación ante el magistrado Jerónimo Mejía, que actúa como juez de garantías en el caso, se debe hacer una audiencia entre los 10 a 20 días siguientes una vez que éste evalúe y califique su texto acusatorio.

También aclaró no ha pedido la aprehensión de Martinelli, medida cautelar que, dijo, debe ser aprobada por el pleno de magistrados, porque habría tenido que llamar a juicio a los dos días siguientes de su detención.

“Si solicito una aprehensión entonces tengo que dentro de los días siguientes (a la detención) formular el llamamiento a juicio, y no voy a estar aprehendiendo a nadie si no tenía los elementos de prueba en su momento”.

Por ello, remarcó, “lo más importante era reunir eso (las pruebas) en el término de dos meses” que concede el Código Procesal Penal (CPP) para entonces formular la acusación.

Lo demás se tendrá que desarrollar conforme a la Ley y respetando los derechos del procesado, precisó.

Díaz envió el pasado viernes el escrito de acusación al magistrado de garantías Mejía, quien está de licencia, y según filtraciones de la prensa local en el documento pide 21 años de cárcel para Martinelli por cuatro delitos, entre ellos interceptaciones telefónicas y malversación.

El Órgano Judicial confirmó el viernes la existencia del escrito de acusación así como que el magistrado fiscal Díaz solicitó ese mismo día a la Dirección de Investigación Judicial la emisión de un alerta azul a través de Interpol.

Díaz detalló hoy que la alerta azul tiene la intención, entre otras cosas, “de buscar la ubicación de esta persona a efecto de si se mueve nos comuniquen exactamente dónde está para efecto de poder, cuando sea necesario, seguir con las siguientes etapas del proceso”.

El expresidente abandonó el país a finales del pasado mes de enero y se encuentra en Miami (Estados Unidos), según sus defensores.

El fiscal se abstuvo de mencionar cuáles serían las alternativas a seguir mientras se mantiene suspendido el proceso a la espera de localizar a Martinelli, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

“Eso es lo que no puedo estar mencionando ahora, cada paso a su momento”, subrayó Díaz.

El escrito de acusación presentado por Díaz ha generado todo un debate sobre su conveniencia e incluso algunos abogados, entre ellos defensores del exgobernante, han alertado que el magistrado fiscal pudo haber incurrido en faltas que podrían viciar el proceso, que se desarrolla en el marco del sistema penal acusatorio aprobado en 2008.

Entre las supuestas fallas procesales estaría que Díaz presentó la acusación sin antes imputar los cargos en una audiencia en la que obligatoriamente se requiere la presencia de Martinelli, a lo que el fiscal se defendió diciendo que “este es un proceso especial” que contempla el código procesal penal.

Martinelli salió de Panamá el 28 de enero pasado, el mismo día que el Supremo panameño admitió la primera de las hasta ahora seis causas penales en su contra por supuesta corrupción durante su Administración. EFE