Túnez, 25 ago (EFE).- El Gobierno tunecino anunció este jueves que procesará a los autores de noticias «falsas» o rumores en las redes sociales, que difamen a terceros o atenten contra la seguridad pública tanto dentro como fuera de su territorio, en aplicación del polémico decreto de ciberseguridad, que prevé penas de hasta diez años de cárcel y por el que algunos opositores y periodistas han sido ya procesados.

En un comunicado conjunto, los Ministerios de Interior, Justicia y Tecnologías de la Información se comprometieron a revelar de manera regular la identidad de «los propietarios, usuarios de páginas, cuentas y grupos de redes sociales que exploten estas plataformas para producir y promover noticias falsas, declaraciones, rumores o informaciones falaces».

El decreto 54, aprobado unilateralmente en septiembre por el presidente Kais Said -que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para «preservar la paz social»- ha sido duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos y sindicatos de periodistas, que reclaman su revocación al considerar que atenta contra la libertad de expresión y ataca a la disidencia.

Horas antes, los tres responsables se reunieron con Said, que calificó la situación de «anarquía» y propuso que la Agencia Nacional de Seguridad Informática colabore con otros estados para prevenir dichos delitos.

El objetivo de estos grupos, señaló, es difamar a terceros, atentar contra la seguridad pública y el orden social así como perjudicar a los intereses del Estado y a sus símbolos.

«Las amenazas de muerte, la indignidad, la difusión de rumores y los insultos no tienen nada que ver con la libertad de pensamiento o la libertad de expresión», señaló el comunicado de Presidencia, en el que acusó a estos grupos de interés de intentar «sembrar el caos y desestabilizar el país.».

En noviembre, el director y un periodista del diario digital «Business News» fueron citados por la Justicia después de publicar un artículo crítico con el primer año de mandato de la entonces primera ministra, Nedjla Bouden.

Ese mismo mes, el corresponsal Khalifa Guesmi fue condenado, en base a la ley antiterrorista, a una pena de un año de cárcel por divulgar «informaciones confidenciales relacionadas con la seguridad» después de informar del desmantelamiento de una presunta célula yihadista y negarse a revelar sus fuentes.

Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Túnez cayó 21 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa, uno de los grandes logros de la revolución de 2011, hasta situarse en el puesto 94 de un total de 180 países. EFE

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