Nueva York, 20 jul (EFE).- El anuncio de la Administración de Donald Trump de reactivar a partir del 18 de septiembre la regla de carga pública para quienes soliciten la residencia permanente en Estados Unidos ha generado miedo e incertidumbre entre inmigrantes, alertaron este lunes organizaciones de Nueva York, que prometieron combatir esta política.

Los grupos, que instaron a los inmigrantes a buscar asesoría legal antes de que la medida entre en vigor, calificaron de «cruel» la decisión del Gobierno, que ya aplicó esta norma en 2020 y que permitirá denegar la residencia permanente a quienes las autoridades consideren que pueden convertirse en «una carga pública».

Advirtieron de que muchas familias que llevan años esperando regularizar su situación se verán obligadas a elegir entre continuar con sus trámites migratorios o garantizar el acceso de sus hijos a alimentos y atención médica.

«Veremos un aumento de las urgencias médicas, más escolares desnutridos y hambrientos, más familias ingresando al sistema de albergues y muchos otros daños evitables», afirmó Carlos Arnao, de la Coalición de Inmigración, durante una rueda de prensa junto a otras organizaciones.

Javier Ramírez Baron, director ejecutivo de Cabrini Immigrant Services, aseguró que el anuncio del pasado jueves ya está teniendo efectos entre las familias a las que prestan asistencia y relató el caso de la madre de un niño ciudadano estadounidense con necesidades médicas que depende de Medicaid, el seguro sanitario para personas de bajos ingresos, y de ayudas alimentarias.

«Esa madre nos llamó entre lágrimas para preguntarnos si debía cancelar la cita médica de su hijo o continuar con su caso de inmigración», explicó.

Ramírez Baron criticó además que el Gobierno no haya publicado una lista concreta de los beneficios que se tendrán en cuenta para aplicar la norma, lo que, dijo, alimenta la confusión entre los inmigrantes.

Randy Ali, director ejecutivo del Centro de Apoyo a las Familias Árabe-Estadounidenses, y Kevin Cho, de la Federación Asiático-Americana, advirtieron también de las consecuencias que la medida tendrá para las comunidades a las que representan.

Según Cho, el propio Departamento de Seguridad Nacional estima que unas 950.000 personas podrían decidir no solicitar o abandonar prestaciones públicas por temor a que ello perjudique sus trámites migratorios.

Recordó además que, cuando la regla entró en vigor por primera vez en 2019, los asiáticos no ciudadanos abandonaron el programa de cupones de alimentos a un ritmo ocho veces superior al de los ciudadanos asiáticos.

La comisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de Nueva York, Faiza N. Ali, respaldó a las organizaciones y aseguró que la ciudad utilizará «todas las herramientas a su alcance» para combatir las políticas de la Administración Trump, al tiempo que pidió a los inmigrantes buscar asesoramiento en organizaciones de confianza.

«La norma de carga pública no busca proteger a los contribuyentes, sino disuadir a los inmigrantes de acceder a servicios esenciales y crear un clima de miedo», afirmó Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicará una versión revisada del formulario de solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus (I-485). EFE