Madrid, 6 may (EFE).- La Fiscalía española volvió a pedir este miércoles 24 años de prisión para el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021) por corrupción y negó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fuera el ‘número 1’ de la «organización criminal», relacionada con el cobro de mordidas por la adjudicación de contratos públicos.

Ábalos, su exasistente Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama formaban una «estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes», según las conclusiones expuestas por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al término del juicio seguido contra los tres en el Tribunal Supremo.

El fiscal se reafirmó también en pedir 19 años y medio de cárcel para García y una pena reducida de siete para De Aldama como «arrepentido» y por colaborar con la justicia.  

Las decisiones como la compra de mascarillas por empresas estatales durante la pandemia de la covid-19 dependían del exministro, a quien De Aldama recompensaba con comisiones ilegales, sintetizó Luzón.

Ábalos, que fue persona de la máxima confianza de Sánchez en el Gobierno y el Partido Socialista, era «el denominado jefe por unos y por otros» de la trama cuando era ministro de Transportes, según el Ministerio Público.

El fiscal Luzón precisó que De Aldama, también investigado en otro caso de corrupción, no intervino en algunos de los delitos atribuidos a Ábalos y García, como la supuesta contratación laboral irregular de dos mujeres en empresas públicas.

Ábalos, en la «cúspide» de la corrupción

Según la Fiscalía, «no se trata de establecer un número 1, 2 o 3» de la trama, y, en cualquier caso, el uno «no lo era el presidente del Gobierno (Sánchez), como con notable desahogo le atribuye De Aldama».

El empresario había acusado a Sánchez en el juicio de estar en el «escalafón 1» de la «banda organizada», por delante de Ábalos, García y él mismo, por este orden.

Pero el fiscal lo rechaza: «No debe extrañarnos la presencia de un ministro en la cúspide o engranaje esencial» dentro de una organización «criminal», que Luzón entiende acreditada, y donde García «operaba siempre en nombre y por cuenta del señor Ábalos».

García era «el interlocutor natural para hablar con el ministro» y De Aldama, prosiguió, «fue la persona que aprovechó esa influencia» para conseguir sus propósitos, y quien les «entregaba periódicas cantidades de dinero para asegurarse la oportunidad cuando le llegara».

En otro momento, Luzón resaltó el acuerdo «cerrado y privilegiado» que el exministro de Transportes tenía con el comisionista De Aldama para que los contratos «lucrativos» de mascarillas fueran adjudicados a Soluciones de Gestión, como propuso el empresario, y «garantizar el máximo beneficio».

«No hubo imparcialidad ni objetividad», porque se le adjudicó de «forma arbitraria», subrayó, así que se obtuvo un beneficio «ilícito».

Ironizó el fiscal jefe de Anticorrupción con que las defensas de los acusados se pregunten «dónde está el dinero» de los sobornos como argumento, cuando, según la Fiscalía, «queda acreditado que Koldo (García) cobra» al analizar su patrimonio.

A su juicio, «no tiene sentido que el elemento corruptor (De Aldama)» pague esas cantidades de dinero al asesor del ministro y no a quien toma la decisiones, es decir, Ábalos.

Además, existe «una palmaria confusión patrimonial» entre Ábalos y García, que sufragaba gastos del exministro «a cuenta» del mismo con una «doble contabilidad».

Durante la exposición, Luzón citó el «aumento significativo» de los ingresos de Ábalos y de su antiguo ayudante, si bien reconoció la dificultad de probar algunas partidas de dinero en efectivo. EFE